De acuerdo con reportes internos, el conflicto se reactivó luego de que se confirmara que Jadiel López Coheto —señalado por abusos laborales y conductas graves— continúa dentro de la estructura, pese a que previamente se había prometido su salida.
Para la base trabajadora, no se trata de omisiones aisladas, sino de una práctica sistemática dentro del Gobierno del Estado de Oaxaca: simular cambios, sostener a funcionarios cuestionados y desactivar protestas sin resolver el fondo del problema. Esta dinámica ha provocado nuevos paros y el rompimiento de acuerdos sindicales.
Las acusaciones no son menores. Desde hace meses, empleados han denunciado malos tratos, acoso y abuso de poder sin que exista una respuesta firme de la dirección del DIF. La falta de acciones, aseguran, evidencia una política de encubrimiento que prioriza relaciones internas por encima de la legalidad.
El señalamiento central es claro: bajo la gestión de Bolaños, el DIF ha dejado de ser un organismo de asistencia para convertirse en un espacio de conflictos, opacidad y protección a allegados.
Mientras tanto, las movilizaciones continúan y la exigencia crece: no más simulación, no más impunidad dentro de una institución creada, precisamente, para proteger a los más vulnerables.
