La retención ocurrió luego de una asamblea comunitaria en la que habitantes expresaron su inconformidad con la resolución del gobierno federal. El conflicto estaría vinculado a una disputa por el aprovechamiento forestal en la zona y a un presunto adeudo que, según versiones locales, ascendería a cerca de mil millones de pesos. También se ha mencionado a particulares conocidos como “hermanos Reyes” como supuestos impulsores de la movilización, aunque no existe confirmación oficial.
Los inconformes solicitaron una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer una mesa de diálogo y revisar la resolución. En tanto, autoridades federales y estatales prevén trasladarse a la región para gestionar la liberación del funcionario y atender el conflicto por la vía institucional.
