Por Froylán Méndez Ferrer

Seamos brutalmente honestos, el proyecto del Centro de Servicios Vecinales (CESEVI) es un insulto a la inteligencia de los oaxaqueños y un atentado contra las finanzas públicas que debería avergonzar a cualquier funcionario con un mínimo de responsabilidad social. Pero aquí estamos, viendo cómo Raymundo Chagoya Villanueva y su comparsa legislativa aprobaron un endeudamiento de mil 880 millones de pesos mientras la ciudad se ahoga en problemas que nadie atiende.

No estamos hablando de un tema de política menor, estamos hablando de una decisión que compromete las finanzas de Oaxaca de Juárez durante 19 años, para construir un edificio administrativo cuando miles de ciudadanos no tienen agua potable, viven con miedo por la inseguridad al alza, sortean baches que parecen cráteres y luchan contra el desempleo y la pobreza. Para cuando yo cumpla 70 años ojalá recuerde este escrito.

La pregunta no es si esta decisión es cuestionable. La pregunta es: ¿cómo llegamos al punto donde una administración municipal puede ser tan descaradamente insensible a las necesidades de su gente?

LAS MATEMÁTICAS CHAGOYISTAS PARA TONTOS (O PARA CORRUPTOS)

Analicemos los números, porque aquí es donde el proyecto CESEVI pasa de ser cuestionable a ser directamente fraudulento en su justificación. La narrativa oficial dice que concentrar 29 oficinas municipales «ahorrará» dinero. Actualmente, el municipio gasta 78.6 millones de pesos anuales en rentas. Suena lógico pensar en una alternativa más económica, ¿verdad?

Pero aquí viene el truco de magia digno del peor gobierno priista: resulta que este «ahorro» costará mil 880 millones de pesos en 20 años. Hagamos la cuenta que aparentemente nadie en el ayuntamiento quiso hacer (o que hicieron y decidieron ignorar): si siguen pagando rentas, en 20 años gastarán mil 572 millones de pesos. El CESEVI costará 720 millones de pesos MÁS.

¿Alguien puede explicar con qué clase de matemática mágica gastar 720 millones adicionales representa un «ahorro»? Esto no es un error de cálculo. Esto es tomar a los ciudadanos por idiotas o, peor aún, saber que los ciudadanos descubrirán el engaño, pero hacerlo de todas formas porque el poder político actual (Morena) da la impunidad necesaria.

Por su lado la diputada federal Margarita García García ha hecho una pregunta certera: «¿Dónde están los asesores profesionales que deberían analizar estas cifras? ¿Qué clase de planificación es esta?» La respuesta es obvia: o no hay asesores profesionales, o los hay, pero están ahí para justificar lo injustificable, no para hacer análisis serios. Este tipo de manipulación numérica no es nueva en la política mexicana. Es el mismo patrón que hemos visto una y otra vez: presentar gastos exorbitantes como «inversiones estratégicas», obras innecesarias como «proyectos de desarrollo», y endeudamientos irresponsables como «visión de futuro». La diferencia es que ahora tenemos las cifras claras, y las cifras no mienten, aunque los políticos sí lo hagan.

LA OBSCENIDAD DE LAS PRIORIDADES INVERTIDAS “EL MUNDO CHAGOYA AL REVES”

Pero más allá de la aritmética fraudulenta, está la cuestión moral. Y aquí es donde este proyecto se convierte en algo verdaderamente nauseabundo, hay que tomar un amargo café para revolver los ácidos estomacales. Oaxaca de Juárez es una ciudad donde miles de familias no tienen acceso regular al agua potable. Lean eso de nuevo: en 2025, en la capital del estado, hay gente que no puede abrir una llave y esperar que salga agua. Tienen que esperar tandeos, comprar agua en pipas a precios inflados, o simplemente resignarse a la escasez. En época de estiaje, esto se convierte en una crisis humanitaria silenciosa que golpea especialmente a los más pobres, sin mencionar a los que no se cuentan.

Las calles de la ciudad otrora “Verde Antequera” están totalmente destruidas, “acaban de salir otros bachecitos con las lluvias de ayer” ha dicho Ray Chagoya en una conferencia. No es una exageración poética: hay baches del tamaño de cráteres que destrozan vehículos, su servidor lleva dos llantas al hilo, causan accidentes y representan una carga económica brutal para familias que ya viven al límite. Cada neumático reventado, cada suspensión dañada es dinero que esas familias no tienen y que el gobierno les está obligando a gastar por su incompetencia administrativa y mental.

Por otro lado, la inseguridad está fuera de control. Las colonias periféricas y agencias municipales viven en un estado de vulnerabilidad constante. Los robos, asaltos y delitos se multiplican mientras la vigilancia policial brilla por su ausencia. Las familias tienen miedo de salir de noche, los comerciantes operan bajo la amenaza permanente de la delincuencia con los “cobros de piso” y súmele las extorsiones de los policías.

El desempleo ahoga a los jóvenes, cerrándoles cualquier puerta hacia un futuro digno. La economía local está estrangulada, las oportunidades son escasas, sólo queda el ambulantaje controlado por las mafias criminales y de sindicatos, y el círculo vicioso de la pobreza se perpetúa generación tras generación. Y en medio de todo esto, ¿cuál es la prioridad del presidente municipal? Construir un edificio administrativo de casi 2 mil millones de pesos. Un monumento a la vanidad política. Un elefante blanco que costará una fortuna mantener y que no resolverá ninguno de los problemas reales que aquejan a la ciudadanía, “un diez para el vecino Chagoya”.

La política de Raymundo Chagoya es obscena, es inmoral y debería ser criminal.

EL RETORNO DEL VIEJO PRI CON NUEVA ETIQUETA MORENA-VERDE

La diputada García García no se anduvo con rodeos al señalar el pasado político de Raymundo Chagoya: «¿Cuándo creyeron que una persona como Raymundo Chagoya, con un historial priista de muchos años, podría ser un buen presidente municipal?» Y luego remata con una verdad incómoda: «Como dice el refrán: ‘perro que come manteca una vez, la vuelve a seguir comiendo’. Su formación en un entorno priista, donde aprendió el enriquecimiento ilícito y el manejo de dinero fácil, no cambia de la noche a la mañana».

Estas palabras pueden sonar duras, pero reflejan una realidad que muchos oaxaqueños conocen perfectamente: el priismo corrupto no murió, simplemente se vistió con otros colores. Chagoya llegó al poder bajo las siglas de Morena y Partido Verde, pero los métodos son los mismos, proyectos millonarios sin transparencia, decisiones tomadas en lo oscurito, justificaciones numéricas que no resisten el menor análisis, y una audacia impresionante para ignorar las necesidades reales de la población.

Esto no es un ataque personal en contra del “vecino bigotón”, es señalar un patrón de comportamiento político que conocemos demasiado bien. El viejo PRI se especializó durante décadas en este tipo de proyectos: obras faraónicas que enriquecen a contratistas amigos mientras dejaban endeudadas a las administraciones futuras. ¿Alguien recuerda todas esas carreteras sobrevaloradas, esos edificios gubernamentales innecesarios, esas «inversiones estratégicas» que terminaban beneficiando solo a un círculo cercano al poder?

Pues bien, aquí está de nuevo la misma chingadera, solo que ahora con paneles solares y captación de agua pluvial para darle un barniz de “Modernidad Futurista”. Como si la sustentabilidad energética justificara un sobrecosto de 720 millones de pesos. Como si hablar de «diseño pasivo» fuera suficiente para distraer la atención del fraude numérico fundamental. “Ahí está el detalle”.

LA FARSA COMPARSA DEMOCRÁTICA QUE NADIE CUESTIONÓ, PERO QUE SÍ SE VIO

Hablemos de algo que debería indignar a cualquier ciudadano, o no, nadie consultó a los capitalinos sobre esta decisión. Cero consultas oficiales. Cero foros oficiales. Cero espacios de participación ciudadana. Nada de nada. «¿Cuándo se consultó a la ciudadanía para tomar esta decisión? ¿Cuándo se realizó una encuesta para conocer su opinión?», pregunta la diputada García García. La respuesta es tan simple como vergonzosa: nunca o “nunca nos enteramos”.

Vivimos en la era del «gobierno abierto», de la «democracia participativa», de las «consultas ciudadanas». Pero cuando llega el momento de tomar una decisión que afectará la vida de cientos de miles de personas durante dos décadas, la ciudadanía es simplemente ignorada. Los políticos deciden, aprueban y ejecutan, y se espera que el pueblo acepte resignadamente lo que se le impone.

Esto no es democracia. Esto es autoritarismo disfrazado de legalidad. Porque sí, el proyecto se aprobó en el Congreso local. Sí, pasó por los canales institucionales correspondientes. Pero una decisión puede ser legal y a la vez completamente ilegítima cuando se toma sin considerar la voluntad popular y cuando contradice flagrantemente el interés público.

¿Por qué no se hizo una consulta? la respuesta es más que obvia: porque el resultado habría sido un rotundo “NO”. Ningún ciudadano en su sano juicio, conociendo la situación real de la ciudad, aprobaría gastar casi 2 mil millones de pesos en un edificio administrativo mientras hay familias sin agua, calles destruidas e inseguridad rampante.

LA BORREGADA LEGISLATIVA, CULPABLES POR ACCIÓN U OMISIÓN

El Congreso local, en una sesión virtual, aprobó este proyecto con una rapidez sospechosa, los diputados locales votaron a favor. Esta unanimidad transversal no es señal de madurez política; es señal de que hay intereses compartidos que van más allá y alcanzan los personales y económicos.

«Es inaceptable que, con la autorización de algunos diputados y diputadas que parecen no comprender las implicaciones de su voto, se condene a Oaxaca de Juárez a una deuda insostenible», señala García García. Y tiene razón, pero seamos más directos, esos legisladores o son incompetentes o son cómplices. ¿No existió una tercera opción? o no hicieron su trabajo de revisar a fondo el proyecto, analizar las cifras y cuestionar las contradicciones, lo que los convierte en legisladores negligentes que no merecen el puesto, o sí lo hicieron y decidieron aprobar de todas formas porque hay intereses económicos o políticos que los benefician, lo que los convierte en cómplices de un fraude contra las finanzas públicas.

La sugerencia de la diputada sobre «un grupo cercano a la administración de Chagoya» que se beneficiará económicamente merece investigación seria. ¿Quién es el concesionario privado que construirá y operará el CESEVI? ¿Qué vínculos tiene con la administración municipal o con los diputados que votaron a favor? ¿Cuál fue el proceso de licitación? ¿Se invitó a otros competidores o fue una asignación directa?

Estas preguntas deben responderse de manera transparente y pública. Porque la experiencia nos enseña que cuando un proyecto tan cuestionable recibe aprobación unánime, usualmente hay miles de números de por medio.

EL CRIMEN PERFECTO: ENDEUDAR A LA VERDE ANTEQUERA SIN CRIMINALIZAR LA CORRUPCIÓN

Uno de los aspectos más perversos de este proyecto es su estructura legal. Oficialmente, no es una «deuda pública» porque se trata de una «concesión». Es un juego semántico brillante: el municipio no está pidiendo un préstamo, simplemente está comprometiéndose a pagar durante 19 años con recursos públicos a un inversionista privado que construirá y operará el edificio.

¿Ven la magia? Técnicamente no es deuda. Pero en la práctica, es exactamente lo mismo: un compromiso financiero a largo plazo que limitará severamente la capacidad del municipio para atender otras necesidades.

Este tipo de esquemas se han usado en todo el mundo para esconder endeudamiento real bajo la apariencia de «inversión privada». Es la misma táctica que usaron los gobiernos neoliberales para privatizar servicios públicos: «no es privatización, es concesión»; «no es deuda, es inversión productiva»; «no es gasto, es ahorro futuro».

El resultado siempre es el mismo: el erario público termina pagando más de lo que habría pagado con esquemas tradicionales, pero el gobierno en turno puede presumir que «no contrató deuda» o que «atrajo inversión privada». Mientras tanto, las futuras administraciones quedan atadas de manos, los servicios públicos se deterioran, y los ciudadanos terminan pagando la factura.

COMO SIEMPRE, LAS VÍCTIMAS REALES SON LOS QUE MENOS TIENEN

En todo este extenso texto de opinión, no podemos perder de vista quiénes son las verdaderas víctimas de esta decisión irresponsable: las familias más vulnerables de Oaxaca de Juárez.

Para una familia de clase media alta, la falta de agua es un inconveniente molesto. Para una familia pobre, es una crisis existencial que obliga a gastar dinero que no tiene en comprar agua, tiempo que podría dedicar a trabajar en ir a conseguirla, y salud que se deteriora por condiciones sanitarias precarias.

Para alguien con un auto nuevo y seguro, los baches son una molestia. Para alguien que apenas pudo comprar un vehículo usado y no tiene dinero para reparaciones, cada bache es un riesgo económico que puede significar no poder trabajar si el auto se daña.

Para quien vive en una zona residencial con seguridad privada, la inseguridad urbana es una noticia en Facebook. Para quien vive en las colonias periféricas, es el miedo constante de ser asaltado al regresar del trabajo, de que entren a robar a su casa, de que sus hijos sean víctimas de la delincuencia.

Estos son los ciudadanos que pagarán el CESEVI. No con su voto, porque no se les consultó, sino con su dinero. Las participaciones federales que se destinarán a pagar este “elefante blanco” son recursos que corresponden a todos los ciudadanos. Los ingresos municipales provienen de impuestos que pagan todos, incluidos los que viven en pobreza.

Y el insulto mayor es que estas familias seguirán sin agua, seguirán esquivando baches, seguirán viviendo con miedo, mientras sus recursos se destinan a construir oficinas lujosas con paneles solares para burócratas que probablemente ni siquiera viven en las zonas más afectadas de la ciudad.

LA HERENCIA MALDITA DE LA IRRESPONSABILIDAD CHAGOYISTA

Pensemos en las implicaciones temporales de este desastre. Cuando el CESEVI se termine de pagar en 2044, los niños que hoy están en primaria tendrán más de 30 años. Los jóvenes que hoy buscan empleo estarán entrando a la vejez. Personas que hoy ni siquiera han nacido tendrán que cargar con las consecuencias de una decisión que tomó Ray Chagoya y los diputados, sin consultarles, sin considerar sus necesidades futuras, sin pensar en nada más que en los intereses económicos e inmediatos de un grupo político.

¿Qué dirán los alcaldes de 2030, de 2035, de 2040 cuando tengan que enfrentar crisis, emergencias o necesidades urgentes, pero no tengan recursos porque están comprometidos en pagar un edificio que decidió construir Raymundo Chagoya en 2025? ¿Cómo explicarán a sus ciudadanos que no pueden invertir en hospitales, escuelas, agua potable o seguridad porque una administración de hace décadas decidió que un edificio administrativo era más importante? ¿Cómo me voy a explicar, si es que vivo, que esta opinión no provocó en las conciencias un poco de reflexión? bueno, para ese año trataré de ir en silla de ruedas al CESEVI a pagar el impuesto a mi funeral.

Este es el verdadero crimen de este proyecto, no solo se roba los recursos del presente, sino que hipoteca y te entierra la corrupción en el futuro. Condena a seis o siete administraciones municipales futuras a operar con las manos atadas, limitando su capacidad de responder a las necesidades de sus propias épocas.

“EL SILENCIO DE LOS INOCENTES” CÓMPLICE DE LA SOCIEDAD

Y aquí viene la pregunta incómoda que debemos hacernos como sociedad: ¿dónde está la indignación ciudadana? ¿Dónde están las protestas, las manifestaciones, la presión social para detener este brutal atropello? No MMN.

La realidad es que vivimos en una sociedad cansada, desencantada, que ha aprendido que protestar no sirve de nada porque al final los políticos hacen lo que quieren. Es una resignación comprensible pero peligrosa, porque esa pasividad es exactamente lo que permite que proyectos como el CESEVI se aprueben sin consecuencias políticas para sus promotores.

Chagoya y su equipo saben que pueden hacer esto porque no habrá un costo político real, “malditos”. Saben que la indignación durará un par de semanas, que los medios de comunicación pasaremos a otra noticia, o pasaremos a su oficina, que la gente seguirá con su vida diaria luchando por sobrevivir, y que para cuando lleguen las siguientes elecciones, esto será solo un recuerdo gris.

Esta es la tragedia de la democracia moderna oaxaqueña, los políticos han aprendido a explotar la fatiga ciudadana, a contar con la falta de memoria colectiva, a aprovechar que la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para organizarse y exigir cuentas claras.

LA VERDAD HISTÓRICA INCÓMODA SOBRE LA CORRUPCIÓN DE CUELLO BLANCO

No necesitamos pruebas de maletas llenas de dinero o videos de sobornos para reconocer la corrupción. La corrupción moderna es más sofisticada: son contratos sobrevalorados, licitaciones amañadas, estudios de factibilidad manipulados, y proyectos innecesarios que benefician a círculos cercanos al poder, todos lo saben y estamos acostumbrados, convivimos con la corrupción.

El CESEVI tiene todos los elementos de un esquema brutalmente corrupto perfectamente legal: un proyecto que no se necesita, números que no cuadran, aprobación fastrack sin debate real, ausencia de consulta ciudadana, y un esquema de financiamiento que beneficia a un privado a costa del erario público.

¿Hay pruebas directas de corrupción? No. ¿Hay suficientes señales de alerta como para exigir una investigación exhaustiva? Absolutamente. El problema es que en México hemos normalizado tanto la corrupción que ya ni siquiera nos escandalizamos cuando alguien es atrapado con las manos en la masa. Las banderas rojas, las inconsistencias obvias, los conflictos de interés potenciales… todo eso lo aceptamos como «la forma en que funciona la política» y lo respiramos todos los días.

Y así es como proyectos como el CESEVI se aprueban: no desafiando abiertamente la ley, sino navegando los vacíos legales, explotando la opacidad institucional y contando con la complicidad de un sistema político que protege a los suyos “los corruptos”.

UN LLAMADO A LA DIGNIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL ESTADO

La diputada Margarita García ha hecho un llamado a «exigir transparencia y rendición de cuentas para proteger el futuro de nuestra capital». Es un llamado necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de acción ciudadana real. Transparencia significa que toda la información sobre el CESEVI debe hacerse pública: el contrato completo con el concesionario, los estudios de factibilidad, las proyecciones financieras, los nombres de los beneficiarios finales de la empresa que construirá la obra, el proceso de licitación completo.

La rendición de cuentas significa que debe haber consecuencias políticas y legales para quienes aprobaron este proyecto. Los diputados que votaron a favor deben explicar públicamente por qué lo hicieron a pesar de las contradicciones numéricas obvias. Chagoya debe responder pregunta por pregunta sobre cada aspecto cuestionable del proyecto. Si no lo hace estará aceptando abiertamente la brutal corrupción del proyecto CESEVI.

Pero nada de esto sucederá si la ciudadanía no lo exige. Y exigir significa más que quejarse en redes sociales o comentar indignados en las noticias. Significa organizarse, movilizarse, presionar y, sobre todo, tener memoria para que en las próximas elecciones haya un costo político real para quienes traicionaron la confianza pública.

LA SENTENCIA FINAL O EL QUE CALLA OTORGA

El CESEVI no es un proyecto visionario. No es una inversión en el futuro. No es una muestra de planeación estratégica. Es un acto de vanidad política financiado con dinero público, un elefante blanco que costará una fortuna y que no resolverá ninguno de los problemas reales que aquejan a los oaxaqueños.

Es la prueba viviente de que, aunque cambiemos de partidos y de discursos, las prácticas políticas corruptas permanecen. Es la demostración de que la clase política mexicana sigue creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es el recordatorio de que mientras nosotros, los ciudadanos, no exijamos más, seguiremos recibiendo el mismo atole con el dedo medio.

«Esta obra, disfrazada de progreso, amenaza con enriquecer a unos pocos a costa del bienestar de todas y todos», advierte la diputada. Y tiene razón. Pero seamos más directos, esta obra es un fraude contra las finanzas públicas, es una traición a la confianza ciudadana, y es un crimen contra las futuras generaciones que tendrán que pagar por la irresponsabilidad de esta administración.

Oaxaca de Juárez merece agua potable, no oficinas con paneles solares. Merece calles dignas, no edificios sustentables para burócratas. Merece seguridad y empleo, no monumentos a la vanidad política. Pero, sobre todo, Oaxaca merece gobernantes que entiendan que servir al pueblo significa atender sus necesidades reales, no imponer proyectos millonarios que solo benefician a unos pocos.

El CESEVI se construirá, probablemente. El poder político es suficientemente fuerte para imponer su voluntad. Pero que quede claro en la historia “esto no es progreso”. Esto es un robo. Y todos los que lo apoyaron, lo votaron y lo ejecutaron son responsables. ¿Usted también?